Las municipalidades que hoy operan bajo el amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, promulgada el año 2003; aún mantienen viva la herencia de cultura organizacional del Cabildo, instaurado en la época del Virreinato. Esta estructura no ha variado sustancialmente; continúan regulando los arbitrios, administran las rentas de los servicios locales, regulan el funcionamiento de la ciudad; incluso la iglesia continúa teniendo una presencia tan fuerte como en el virreinato. Hasta hoy es una norma social casi ineludible que el alcalde y las demás autoridades asistan a la misa Te Deum en su aniversario.  

La presencia del Estado colonial, en el sector rural, fue tan nociva y fuerte hasta la Reforma de Velasco. Los hacendados para garantizar la explotación de la tierra bajo su dominio, ostentaban el control político de los gobiernos locales; así fue hasta la Reforma Agraria, hecho que cambió sustancialmente, despojándosele de sus tierras y también del abuso de poder. Sin embargo, la democracia recién empieza a vigorizarse con la promulgación de la Constitución Política de 1979, Carta Magna que reconoce la autonomía económica y administrativa.

"...incluso la iglesia continúa teniendo una presencia tan fuerte como en el virreinato. Hasta hoy es una norma social casi ineludible que el alcalde y las demás autoridades asistan a la misa Te Deum en su aniversario" 

No esta demás subrayar la importancia de la administración municipal para el desarrollo del país, debido a que son las instancias más pequeñas de la organización del Estado, encargadas de promover el desarrollo social, económico y ambiental de sus jurisdicciones; de ellos depende nuestra calidad de vida. El artículo IV de la ley Nº 27972, claramente señala que: “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción”.

Pero esta norma, después de 16 años de operatividad pese a la adecuación de pequeños cambios, ha quedado desfasada. Lo primero que se puede observar es la inutilidad de las municipalidades provinciales. La norma determina “Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales”, sin embargo, no existe diferencia sustancial con las “funciones especifica distritales”. Creo que la función más importante de la municipalidad provincial radica en diseñar un plan de desarrollo económico-social y establecer un sistema de seguridad ciudadana; pero en la práctica eso es lo que menos priorizan. En buena cuenta, la alcaldes provinciales terminan siendo alcaldes distritales, es decir, alcalde exclusivamente de los distritos de capital provincial. Así es en Lima y se repite en las 196 municipalidades provinciales.

Por ejemplo, el caos del transporte en Lima le fue imposible solucionarlo al alcalde provincial en diversas gestiones; por tanto, el Gobierno Central se vio obligado a crear Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao. Una eficiente gestión provincial hubiera convocado a las 43 municipalidades distritales de Lima y también a la provincia del Callao y sus 7 distritos, a través de la Mancomunidad Municipal; pero no fue así. En buena cuenta porque cada alcalde, manteniendo la mentalidad colonial, es un pequeño virrey, exige todas las atenciones de un rey, pero es incapaz de pensar colectivamente. Eso se replica en todo el territorio nacional.

En tal caso, es necesario revisar la tipología de las municipalidades. La norma determina la existencia de: 1) municipalidades provinciales, 2) municipalidades distritales, y 3) municipalidades de centros poblados; además aprueba los regímenes especiales de: 1) Metropolitana de Lima, y 2) municipalidades de frontera. Asimismo, reconoce la necesidad de Promoción del Desarrollo Municipal en Zonas Rurales.

El mismo gobierno reconoce la inutilidad de los gobiernos provinciales. El año 2014, promulgó el Decreto Supremo Nº 015-2014 – EF, ninguneando a las municipalidades provinciales; clasificó a las municipalidades del país en 4 categorías según su población, carencias, necesidades y potencialidades: La categoría A constituida por 40 municipalidades grandes, casi todas de Lima; la Categoría B, incluye a 209 municipalidad medianas, tanto distritales como provinciales; la Categoría C, considera a 556 municipalidades pequeñas cuya características principal son de 500 o más viviendas urbanas; y la Categoría D, constituida por 1033 municipalidades rurales, con menos de 500 viviendas urbanas. Esto está vigente y permite al gobierno la asignación de los recursos del plan de incentivos previsto para la mejora de la gestión y modernización municipal.

De otro lado, está vigente el Decreto Supremo N° 090-2011-PCM, que aprobó el listado de 1303 municipalidades rurales, para fines de recibir una atención preferencial del Estado, conforme lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Esta es la realidad de la administración municipal, es necesario revisarla y unificar las normas, considerando que la tendencia actual renovó la tipología de ciudades: Metrópolis, ciudades con más de 4 millones de habitantes; Ciudades Grandes, con población entre 1 a 4 millones, y ciudades intermedias, entre 50 mil a 1 millón de habitantes; a esto habría que agregar las ciudades pequeñas, con población entre 10 a 50 mil habitantes; y distritos rurales con poblaciones menor a 10 mil habitantes.

En consecuencia, la administración municipal tal como la conocemos hoy data de la época colonial y pese a las innumerables cambios está lejos de cumplir cabalmente los fines para los cuales fue instituido; por tanto, es necesaria una evaluación y plantear una reforma política, para una mejor administración municipal y un mejor servicio al ciudadano.